¡Todo el poder técnico-pedagógico a equipos directivos y docentes!

En el presente artículo argumentamos a favor de la formación de Redes de establecimientos escolares públicos que hoy pertenecen a diferentes municipalidades, como base de la desmunicipalización. Además, planteamos que esas Redes no dispongan de atribuciones en el ámbito técnico pedagógico ni de equipos técnicos, sino que su gestión técnico pedagógica se realice a traves del Consejo de Directores de sus establecimientos y de los Consejos de Profesores en las escuelas.


Sin lugar a dudas que el principal problema del lucro en la educación, más allá de las objeciones éticas instalar un esquema de competencia (e incluso de guerra comercial) en los procesos educativos, objeción que no tienen sentido para la Derecha, es que los recursos que se entregan son tan bajos, que cualquier fuga significa pauperizar a los establecimientos; significa baños rotos, comedores infectos, computadores obsoletos, y un sinfín de etcéteras. La única forma para que las escuelas sean lucrativas es no reinvertir un peso en ellas, contratar profesores a honorarios de marzo a diciembre pagándoles lo menos posible, marketeando bien a la escuela, y solicitando financiamiento compartido a los padres. Y hacer de la las Subvención Especial Preferencial que se entrega a cuando las escuelas atienden a poblaciones vulnerables, parte de los ingresos de las escuelas por la vía de asociarse a la ATE (empresa de servicios técnicos especializados) que se contratará, so pretexto de mejorar la calidad.

Pero si se está en contra de la extracción de recursos públicos por parte de privados, no se puede dejar de estar en contra de la exacción de esos mismos magros recursos por parte de burocracias públicas o corporativas. Si se pusiese como condición que ningún peso vaya fuera de las aulas o las escuelas, fuera de los procesos de aprendizaje, también deben examinarse las propuestas de desmunicipalización utilizando ese criterio.

Los modelos de gestión propuestos por el gobierno y la oposición para desmunicipalizar la educación pública básica y media no difieren mucho: corporaciones públicas de algún tipo. El gobierno propone, además, no desmunicipalizar a los establecimientos con “buenos resultados”, léase, los liceos tradicionales, fórmula que permite mantener el aporte que las municipalidades más ricas hacen a la educación. Los estudiantes y el Colegio de profesores proponen que los establecimientos sean devueltos al Ministerio, que se termine con el financiamiento a la demanda en base a la asistencia de alumnos a clase, y se vuelva al financiamiento directo a la oferta, a las escuelas.

Además de la escasez de recursos, el mayor problema de la educación chilena es la segregación entre estudiantes según origen y situación socioeconómica: ricos, medios, pobres y muy pobres. Esta segregación es una limitante decisiva para que los pobres y muy pobres obtengan buenos resultados, según ya clásicas investigaciones internacionales respecto de las pruebas PISA. Los efectos del nivel socioeconómico de origen, unidos a la segregación a nivel de aula y establecimientos, son determinantes en el logro.

En esas condiciones, la desmunicipalización a través de corporaciones, con algún criterio geográfico de contigüidad no resuelve el problema de la segregación. No cambia la naturaleza de la oferta: los estudiantes de poblaciones seguirán yendo a las escuelas de su sector, mientras que las escuelas y liceos del centro de la ciudades (o del barrio alto de Santiago, incluso si éstos se desmunicipalizan), seguirán atrayendo y seleccionando entre quienes llamen a sus puertas, los mejores de entre los sectores medios y pobres. Autoseleccionados primero y seleccionados después. No nos hagamos ilusiones, las cosas no tendrían por qué cambiar mágicamente. Lo único que se redistribuirá serán las cuotas de poder, el tamaño y la influencia de las burocracias, y el origen y destino institucional de los recursos, aportes y deudas.

Si bien una inteligente desmunicipalización, que haga efectivo el principio constitucional de igualdad ante la ley y obligue al Estado a otorgar a las escuelas públicas montos equivalentes a lo que obtienen de los padres las particulares subvencionadas aumentaría la cuantía de los recursos disponibles en la educación pública, no hay ninguna garantía de que tales recursos llegarán a las escuelas y se invertirán en procesos de enseñanza y de aprendizaje adecuados. Por dos razones: por una parte las burocracias de las administraciones consumirán parte importante de esos recursos y por la otra, no necesariamente en las escuelas se sabe cuáles son las inversiones que mejoran efectivamente los aprendizajes de los estudiantes a los que atienden. Más bien son proclives a comprar cualquier “tecnología” o receta que esté de moda, o a la que se encuentren ligados por afecto o afinidades políticas o religiosas, o por efectos del marketing.

Aclaremos que el principio de igualdad ante la ley respecto de igualar los recursos que reciben particulares subvencionados con financiamiento compartido y las municipales ni siquiera está en discusión. O sea, estamos muy lejos de una desmunicipalización inteligente.

Y –otra vez- aunque así fuera, eso no hace ni cosquillas a los dos grandes problemas. A aquello que explica la determinación: origen social y segregación de estudiantes. Ello porque el país es geográficamente segregado. El Barrio Alto de Santiago es cada vez más el modelo de los barrios altos de las ciudades de provincia y los ricos estudian con ricos y los pobres con pobres. Aún imaginando un escenario de escuelas con iguales recursos, lo que antecede a la acción de la escuela es el capital cultural de origen de los estudiantes. Alumnos con un alto capital cultural estudiando juntos, y lo mismo con los estudiantes de bajo capital cultural.

La receta definitiva para terminar con esto sería un sistema público sin presencia de privados y que además distribuyese compulsoriamente a los estudiantes y los mezclase. ¿O acaso alguien va a enviar a su hija a estudiar a alguna comuna periférica? Tal receta es políticamente inviable y además violaría el Artículo 26 de los Derechos Humanos que establece que las familias tienen derecho a elegir la educación de sus hijos.

La vuelta de las escuelas al Ministerio ayudaría en algo: a nivel simbólico todos estudiarían en el mismo tipo de establecimiento, posiblemente con un proyecto educativo institucional democrático, laico y republicano que haría más llevaderas las cosas. Pero más allá de los símbolos, incluso el más pintado de los sistemas estatales, como el francés del siglo XX, produce segregación por clases sociales. ¡Si fue en Francia, en los años sesentas del siglo pasado donde surgió la investigación sobre la institución escolar como reproductora de las desigualdades de origen! Esa época, ese sistema, fue la cuna de las reflexiones de Baudelot y Etablet, y de Bourdieu.

El problema de Chile, como señala un citadísimo informe de la OCDE, es que hay un diseño político con su correspondiente armazón institucional, destinada a consagrar las desigualdades sin ambages. La desigualdad y la discriminación se muestran en toda su crudeza, a flor de piel. Y eso hace la situación intolerable: no nos hace iguales ni siquiera simbólicamente y le quita toda esperanza a los pobres y los más pobres.
Obviamente, la salida no está en “más de lo mismo”. No está en mismo perro con otro collar como demunicipalizar vía corporaciones manteniendo el sistema de financiamiento. Eso es gatopardismo puro.

¿Hay alguna salida? ¿Es posible construir en Chile un modelo de educación pública que junte ricos y pobres en los mismos establecimientos? ¿Y qué esos establecimientos dispongan de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para producir niveles aceptables de aprendizajes? ¿Y que se respete el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos?

Dada la permanente apelación de los particulares a la igualdad ante la ley, no es posible entregar ningún recurso financiero adicional directa y exclusivamente a las escuelas municipales. Por ejemplo, una medida tardía para entregar más recursos a esas escuelas, que los gobiernos de la Concertación tardaron 17 años en implementar, fue entregar subvenciones adicionales a los establecimientos que atienden a las poblaciones con altos índices de vulnerabilidad. La medida, destinada inicialmente a entregar un plus de recursos a las municipales vía Subvención Escolar Preferencial (SEP), se transformó, en virtud del principio de igualdad ante la ley, en un incentivo para hace atractivo el mercado de la educación de esas poblaciones a las particulares subvencionadas. De este modo, las poblaciones vieron llegar a escuelas de Fundaciones de buenas gentes, o de políticos locales, cosa que ante no ocurría. Y los recién llegados “descremaron” aún más a las escuelas municipales y las despoblaron a tal nivel que muchas tuvieron que cerrar. De modo que la entrega de recursos adicionales por atender a poblaciones de extrema vulnerabilidad es solamente parte de la solución, pero no resuelve, sino que posiblemente agrave el problema de la segregación.

La cuadratura del círculo de una desmunicipalización real y efectiva se puede plantear del siguiente modo: Establézcase un sistema en el que las escuelas públicas puedan captar a estudiantes de distintos orígenes sociales y los puedan mezclar, y que además, en cuanto escuelas públicas reciban al menos los mismos recursos financieros que las particulares subvencionadas (si no más), y que sus recursos humanos y materiales estén al nivel de las mejores municipales (como el Instituto Nacional) o de las mejores particulares subvencionadas. Ello garantizaría: a) la existencia de un sistema de educación pública relevante para Chile y no la educación para los muy pobres que está llegando a ser; y b) niveles de logros de aprendizajes al menos aceptables.

¿Hay alguna “arquitectura” políticamente viable para un sistema así? ¿Es viable desde el punto de vista del financiamiento? Si pensamos en términos de corporaciones (lo que es viable desde el punto de vista jurídico-institucional), tendrían que formarse corporaciones que fragmentaran la educación municipal y que pudiesen abarcar escuelas y liceos ubicados en diferentes comunas. Verdaderas “redes” de escuelas: a modo de ejemplo ejemplo, la Red (corporación) de Escuelas y Liceos Públicos Bernardo O’Higgins con el Instituto Nacional a la cabeza, asociado a la Universidad de Chile, y con escuelas y liceos asociados de La Pintana, Alto Hospicio, Tierra Amarilla y Coyahique. La Red de Escuelas y Liceos Públicos Javiera Carrera encabezada por el Liceo 1 de Niñas y el Liceo Manuel de la Barra de Valparaíso, asociada a la Universidad de Playa Ancha con escuelas y liceos de Quilicura, El Monte, Chillán, etc. De igual forma, las redes podrían ser la expresión de la educación intercultural y agrupar escuelas y liceos en los que sus proyecto educativo incluyese la enseñanza del mapudungun o el aymara, y sus culturas, y no solamente en las comunidades, sino entre comunidades educativas huincas que optasen por participar de ellas.

Tales Redes, que se orientarían por un Proyecto Educativo republicano, como el enunciado más atrás, deberían funcionar con un sistema de matrículas preferenciales. Los alumnos de la educación básica de las escuelas de la Red tendrían derecho preferencial a matrícula en los liceos de las redes; y al llegar a cuarto medio los estudiantes de las redes deberían poder acceder a los propedéuticos de las universidades públicas o sin fines de lucro. Por su proveniencia social, tendrían derecho ingresar a los propedéuticos de esas universidades y luego, con becas solidarias, a la universidad misma, consagrándose el derecho a una educación superior pública gratuita a quienes tengan el mérito de terminar 4to medio y hayan sido subsidiados al cien por cien como estudiantes de básica y media. Más sobre esto, acá.

A ello se debería agregar el principio de que los recursos que recibiesen las Redes por vía de subvenciones, se invirtiesen casi por completo en las aulas y las escuelas. No solamente no lucrarían, sino que tampoco tendrían los costos de caras y frondosas burocracias. Para ello, su Gerencia sólo tendría funciones administrativas y sus principales misiones serían dos: a) lograr economías de escala en compras y contrataciones y b) activar y coordinar a las instituciones del sector salud o servicios sociales para atender requerimientos de estudiantes más vulnerables .

No habría equipos técnicos, pues inmediatamente después de un Consejo Directivo de la Red en el que participarían directores designados por los Consejos Escolares, y delegados de la Universidades asociadas, vendría el Consejo de Rectores y Directores de los establecimientos de la Red, su verdadero corazón técnico-pedagógico, que a su vez coordinaría a los Consejos de Profesores de cada establecimiento. Los profesores actuarían como equipos de profesionales docentes, responsabilizándose de los logros de los ciclos, asignaturas o sectores de aprendizaje, o grupos de curso de los que tendrían que hacerse cargo y por extensión, de sus establecimientos y los de toda su Red.

Solamente en un esquema de gestión técnico-pedagógico como ese, las modificaciones a los roles y funciones de los directores y su mayor remuneración, acordadas en la ley de calidad de educación en enero de este año, tendría sentido. Solamente en un esquema como ese dejaría de imponerse la lógica proletarios-burgueses que ha dominado la escena de la educación municipal en los últimos años en la que los proletarios docentes, sienten que los burgueses administradores municipales, se quedan o quieren apropiarse de la parte del león. Y solamente en ese tipo de contexto encajarían los estudiantes sobresalientes becados para estudiar pedagogía.

¿Es políticamente viable un modelo así? Obviamente que no. La Derecha y su gobierno no quieren una educación pública fuerte y prestigiada. Su obcecación por los esquemas mercantiles y privatizadores no le van a permitir nunca pensar “fuera de su caja” y seguirán haciendo interesantes cambios y propuestas micro como las de fortalecer el rol de los directores o de las becas de excelencia pedagógica, pero que van a estar destinadas a empantanarse en una lógica sistémica de desigualdad y discriminación. Tampoco van a estar interesados los demás sectores políticos que como propietarios de fundaciones también han hecho su agosto con el esquema actual, o que intentan a toda costa mantener capturadas a las escuelas municipales para crear burocracias, administraciones y equipo técnicos que en nada aportan a la docencia pero que son una buena fuente de empleos para amigos, correligionarios, compañeros, camaradas o simples compadres.

Un modelo de Redes ¿tiene viabilidad financiera? El mayor escollo es la Deuda Histórica reivindicada por el Colegio de Profesores y sostenida por todo el espectro político, incluso por la Derecha que señala que el Estado chileno no pagó las indemnizaciones correspondientes a los profesores cuando se municipalizó. Además de esa deuda, desmunicipalizar significaría generar otra deuda por indemnizaciones al momento que las municipalidades o sus corporaciones dejasen de ser los patrones de los actuales profesores. Desde luego, siempre se puede pensar en que esas deudas la asuma el Estado, entregando tales indemnizaciones al momento de la jubilación, en reemplazo del incentivo a las jubilaciones que, de cuando en cuando, el Ejecutivo ha venido pagando para ahorrar a los estudiantes el triste espectáculo de ver morir con las botas puestas a sus viejos profesores y profesoras.

Sin embargo, a pesar de todos los pesares, los tiempos están maduros para extremar los argumentos y tensionar las agendas. Se trata, ni más ni menos, de que practicamente casi ningún peso de las subvenciones públicas se gaste fuera de las escuelas y las aulas. Y que además, ¡Todo el poder técnico-pedagógico sea para directivos y docentes!